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La Fiscalía de Madrid debe decidir si hay delito en los hechos denunciados por el CSD contra el director de la agencia antidopaje | Deportes

PorAdiel Quesada

Feb 14, 2024
José Luis Terreros.INMA FLORES

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía de Madrid la denuncia contra miembros de la agencia antidopaje (CELAD), entre ellos el ya expresidente José Luis Terreros, que le remitió el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes para que decida si los hechos denunciados son delito y qué tipo de delito, y, en caso afirmativo, para que lleve a cabo las investigaciones y actuaciones que crea convenientes para formular una acusación. “La Fiscalía general no puede instruir. Nuestra misión es estudiar las denuncias que nos llegan y si apreciamos que los hechos son susceptibles de ser delito se los remitimos a la Fiscalía correspondiente”, han señalado fuentes de la Fiscalía General, que recibió la denuncia la segunda semana de enero y tras estudiar el gran número de documentos que la acompañaban y ordenarlos, ha decidido que esta siguiera adelante.

Se cubre así una etapa más del recorrido de un caso que puede llevar al procesamiento de José Luis Terreros, destituido como director de la CELAD el 26 de enero a raíz de la denuncia de una exfuncionaria de la agencia, que ha informado de determinados hechos y disfunciones que podrían ser delictivos. El mismo día, el consejo rector de la agencia nombró directora a la médica y economista Silvia Calzón.

La denunciante, que trabajó como jefa de servicio en la CELAD, ha denunciado, en primer lugar, el uso irregular de fondos públicos para el abono a empresas privadas de servicios de tomas de muestras realizadas con un solo agente de control cuando la ley, según la denunciante, exige que sean dos los agentes, con el consiguiente perjuicio para el erario público y las demás empresas licitantes. Estos contratos fueron adjudicados entre 2013 y 2021 a la empresa alemana Professional Worlwide Controls (PWC), que presentaba siempre la oferta más ventajosa económicamente, aun a sabiendas, como explicaban cuando se les reclamaba, que no sería rentable y sostenible, a menos que no se hicieran los controles con dos agentes. Solo en 2022, a raíz de una sentencia de la Audiencia Nacional que dejaba implícita la necesidad de dos agentes para dar validez a los controles antidopaje, insertó la CELAD en los contratos la cláusula de la obligatoriedad de la doble presencia de agentes. Entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022, la CELAD dejó sin abonar 16 controles a PWC porque habían sido efectuados por un solo agente, según declaró la agencia en respuesta a una pregunta parlamentaria.

Como la ley antidopaje española obliga a la presencia de dos agentes en los controles, la agencia se encontró con el problema de que algunos de los positivos sancionados fueron anulados por el Tribunal Arbitral del Deporte y los tribunales ordinarios. Para evitarlo, y para no causar un mal mayor a los deportistas, la agencia decidió entonces no sancionar los positivos detectados tras controles con un solo agente. El caso más llamativo es el del velocista Patrick Chinedu, positivo por nandrolona en 2019, que siguió compitiendo como si nada. Solo después de que se hiciera público el caso, decidió la CELAD abrirle expediente sancionador. Y este es el segundo hecho denunciado.

El tercer hecho denunciado se refiere a la concesión irregular de autorizaciones de uso terapéutico a deportistas con efecto retroactivo, en particular el caso de la maratoniana y plusmarquista nacional Majida Maayouf. Finalmente, la denuncia remitida por el CSD incluye la concesión irregular de habilitaciones administrativas para actuar como agentes de control a determinadas personas sin cumplir los beneficiados los trámites y requisitos previstos legalmente para realizar tal actividad.

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