La creciente presión económica llevó a los gobernadores de todas las provincias argentinas a protagonizar una acción coordinada sin precedentes en lo que va del actual mandato presidencial. En una reunión clave, los 24 mandatarios provinciales se alinearon para reclamar una reestructuración en la distribución de recursos nacionales y proponer medidas concretas que alivien la crisis financiera que atraviesan sus distritos. Esta convergencia inesperada de intereses políticos, tanto de oficialismo como de oposición, resalta la gravedad de la situación y marca un hito en las relaciones entre Nación y provincias.
El punto de partida de este consenso fue la preocupación compartida por la caída sostenida de los ingresos provinciales desde fines de 2023, producto de una combinación de factores como el ajuste fiscal nacional, la paralización de obras públicas y la drástica reducción de transferencias no automáticas. Según estimaciones provinciales, entre noviembre de ese año y mayo de 2025, dejaron de ingresar cerca de 30 billones de pesos. La cifra incluye pérdidas por coparticipación, fondos discrecionales y recursos no ejecutados que solían destinarse a programas locales.
Frente a este panorama, los gobernadores promovieron un proyecto legislativo para eliminar dos fondos fiduciarios alimentados por el impuesto a los combustibles, destinados originalmente a obras de infraestructura. La intención es redirigir esos recursos hacia la masa coparticipable, permitiendo a las provincias decidir de forma autónoma su uso, sin las restricciones impuestas por la administración central. En paralelo, se propone distribuir equitativamente el remanente de los Aportes del Tesoro Nacional, actualmente en manos del Ejecutivo, con criterios similares a los de la coparticipación primaria y secundaria.
Un argumento central de los gobernantes es que no están pidiendo más dinero, sino simplemente la recuperación de lo que les pertenece. Argumentan que estos recursos ayudarían a equilibrar las finanzas provinciales sin comprometer el superávit fiscal que el gobierno nacional ha establecido como prioritario. También destacan que, si el discurso oficial ha indicado que los fondos fiduciarios son instrumentos ineficientes o manipulables políticamente, no hay motivos para oponerse a su eliminación.
La acción generó respuestas en la Casa Rosada. Desde el Gobierno se indicó que se hará una propuesta alternativa, siempre y cuando no se modifique el equilibrio fiscal. Sin embargo, se enfatizó que los fondos fiduciarios tienen un propósito concreto —el mantenimiento de carreteras nacionales— y que su eliminación debe asegurar que esos recursos no se desvíen de su propósito inicial.
El conflicto entre Nación y provincias no es algo reciente. Hace algunas semanas, la deducción de una porción de la coparticipación a Chubut provocó una serie de quejas a nivel regional e inició procesos judiciales. Esta provincia del sur obtuvo el apoyo de otras regiones, formando un bloque unido que se traduce ahora en esta nueva propuesta legal. La disputa alcanzó un nivel tal que involucró acusaciones penales de un lado al otro, mostrando la intensificación del enfrentamiento entre el federalismo de las provincias y el centralismo en temas fiscales.
El Consejo Federal de Inversiones desempeñó el papel de mediador en las reuniones y en la elaboración del proyecto. Durante las sesiones de trabajo, los gobernadores decidieron avanzar de manera institucional y coordinada. El acuerdo logrado no solo responde a una situación económica agobiante, sino que también representa un mensaje político definido: el federalismo demanda una reestructuración de la relación financiera con el Estado nacional.
Por encima de la situación actual, la propuesta genera preguntas sobre la distribución del poder entre las provincias y el gobierno nacional. La habilidad de los gobernadores para coordinar demandas conjuntas y progresar en iniciativas legislativas unificadas podría señalar el comienzo de un período donde las provincias asuman un papel más importante en la política nacional. El gobierno central, a su vez, tendrá que optar entre ceder ante esta presión en conjunto o fortalecer su enfoque en la gestión del presupuesto.
En un escenario de mayor debilidad institucional y agotamiento político, este enfoque federalista inicia una fase diferente de diálogos, tensiones y reconfiguraciones. El desenlace de esta disputa será crucial para trazar los futuros episodios de la relación entre el poder central y los gobiernos regionales, así como para entender cuánto tiempo el equilibrio fiscal puede sostenerse sin ignorar las necesidades sociales y económicas en el interior del país.