El Congreso de Guatemala volvió a fracasar en su intento por elegir a los directores titulares y suplentes que conformarán el directorio de la futura Superintendencia de Competencia, un órgano clave para promover la libre competencia y prevenir prácticas monopólicas en el país. Pese a que el punto estaba en la agenda legislativa y se esperaba avanzar en la designación de las autoridades, la sesión se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.
Con este aplazamiento adicional, ya son varios los intentos fallidos del Legislativo para cumplir con este mandato legal, lo cual ha causado inquietud entre sectores económicos y sociales que exigen transparencia, rapidez y responsabilidad institucional en el proceso.
El Congreso tiene la atribución de elegir a los cinco miembros del directorio —tres titulares y dos suplentes— de una nómina de candidatos previamente evaluados y enviados por la Comisión de Postulación, la cual llevó a cabo un proceso de selección que incluyó análisis de hojas de vida, entrevistas y revisión de tachas. El listado final incluye aspirantes con perfiles técnicos en economía, derecho y administración pública.
Aunque no se ha llegado a acuerdos entre los diferentes bloques, el progreso en la votación se ha visto obstaculizado. En la última sesión, varios legisladores salieron del pleno antes de que comenzara el debate, lo que resultó en la ausencia del quórum requerido para proceder con la elección.
La creación de la Superintendencia de Competencia fue aprobada en 2022 como parte de una reforma orientada a fortalecer el marco institucional económico del país y cumplir con compromisos internacionales, incluyendo requisitos de acceso a ciertos tratados comerciales. Este ente tendrá como funciones principales investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, vigilar los mercados y promover condiciones equitativas para los distintos actores económicos.
No obstante, la falta de designación de su directorio ha impedido que la entidad pueda iniciar operaciones. Mientras tanto, se acumulan denuncias sobre posibles abusos de posición dominante en sectores estratégicos, lo que hace aún más urgente la entrada en funcionamiento de la Superintendencia.
Diversas entidades del sector privado y grupos de la sociedad civil han expresado su preocupación debido a la paralización del proceso. Ellos creen que esta circunstancia no solo obstaculiza el uso de un instrumento crucial para incrementar la competitividad, sino que también proyecta mensajes negativos hacia los inversionistas y afecta la solidez de la institucionalidad democrática.
Algunos legisladores han manifestado su intención de continuar las negociaciones para alcanzar acuerdos en la próxima sesión plenaria. Sin embargo, otros sectores advierten que existen intereses políticos que buscan obstaculizar la elección, ya sea por desacuerdos sobre los perfiles propuestos o por cálculos estratégicos relacionados con cuotas de poder.
La ley establece que el Congreso debe elegir a los integrantes del directorio mediante una mayoría calificada, lo cual exige una amplia articulación entre las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo. En los intentos anteriores, la falta de votos suficientes ha sido una constante, a pesar de que la nómina de candidatos ha estado disponible desde hace varios meses.
A medida que se prolonga la demora, se incrementan las presiones tanto nacionales como internacionales para que el Legislativo cumpla con su deber constitucional y permita que la Superintendencia de Competencia comience a operar.
El país sigue sin contar con una entidad independiente que se encargue de garantizar un entorno económico equitativo, lo que deja desprotegidos a consumidores y pequeños negocios frente a posibles conductas abusivas por parte de grandes empresas. Esta realidad refleja las barreras estructurales del sistema político en Guatemala para hacer elecciones importantes, incluso sobre asuntos de interés común que podrían favorecer considerablemente el crecimiento económico.
El desafío actual para los legisladores es retomar el impulso legislativo y mostrar dedicación a la modernización institucional. Seleccionar el directorio no solo representaría cumplir con una obligación legal, sino también avanzar hacia un sistema económico más justo y claro.