En el mes de febrero, el mandatario obtuvo un segundo mandato, a pesar de que la Carta Magna no permite la reelección consecutiva. Su partido posee una mayoría significativa en el Congreso, base sobre la cual desarrolló cambios que posibilitaron su candidatura y agilizan la aprobación de leyes con escasas restricciones.
Ampliación del sistema de excepción
Desde marzo de 2022 se decretó un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso y restricciones a las libertades civiles. Originalmente concebido como una respuesta temporal al aumento de homicidios ligados a pandillas, el régimen ha sido prorrogado más de 30 veces gracias al apoyo legislativo.
Este método ha facilitado la realización de más de 85,000 arrestos arbitrarios, con grupos mixtos de seguridad operando a gran escala. El número incluye a menores arrestados por supuesta conexión con el crimen organizado, una situación que recibe críticas por exponerlos a procedimientos inadecuados y sanciones.
Documentación de violaciones y críticas a nivel global
Grupos defensores de los derechos humanos han señalado estas acciones como infracciones sistemáticas: detenciones sin justificación, maltratos, torturas, despidos injustificados y serias deficiencias en el sistema judicial hrw.org. Reportes indican que menores de edad están siendo llevados a prisiones comunes para adultos, a pesar de los criterios internacionales que lo prohíben. Al menos 368 individuos han fallecido en dichos lugares durante este tiempo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que, aunque el régimen constitucional permite suspender garantías en emergencias, este debe ser proporcional y temporal. En este caso se ha convertido en una medida indefinida y abusiva, con severas consecuencias políticas y sociales .
Sistema penitenciario extenso y hacinamiento
Para respaldar al régimen, se levantó el controvertido CECOT, un complejo penitenciario con espacio para más de 40,000 presos, aunque opera bajo condiciones infrahumanas: gran sobrepoblación y un régimen penitenciario riguroso. Esta prisión de gran tamaño ha sido descrita como un «agujero negro» de derechos humanos, donde se restringe la recreación y las visitas, y se aplican castigos estrictos sin verdadera supervisión.
Los establecimientos penitenciarios en el país han llegado a un punto de saturación: la cantidad de personas encarceladas excede las 94,000, aunque la infraestructura disponible solo puede alojar entre 30,000 y 70,000 con las mejoras recientes amnesty.org+4es.wikipedia.org+4theguardian.com+4. Dentro de este sistema extremadamente congestionado, las detenciones en gran escala son comunes, las sentencias rápidas prevalecen, y las condiciones adversas amenazan la seguridad física de los reclusos.
Apoyo popular y dilema democrático
Aunque se han sacrificado ciertas libertades, el régimen goza de un fuerte respaldo. Las autoridades argumentan que la medida es necesaria para proteger a los ciudadanos, y muchos ciudadanos la apoyan debido a la significativa disminución de asesinatos.
No obstante, entidades globales y actores legales han señalado que este esquema tiránico, respaldado por el poder legislativo afianzado por el Ejecutivo, supone un debilitamiento de los controles institucionales y del respeto al Estado de derecho.
Inquietud por niños y repatriados
Se ha suscitado una intensa polémica por el traslado de jóvenes a prisiones de adultos, lo que infringe derechos esenciales y pone en riesgo instalaciones que fueron creadas para situaciones específicas.
Adicionalmente, Human Rights Watch califica las deportaciones desde Estados Unidos como “desapariciones forzadas” cuando los retornados son encarcelados sin proceso o acusaciones justificadas.
Evaluación final: ¿protección sacrificando los derechos?
Los logros en el área de la seguridad son evidentes: El Salvador ha tenido varios años con niveles históricamente bajos de homicidios y en 2024 concluyó con una tasa de 1.9 por cada 100,000 personas.
No obstante, la táctica ha desviado derechos esenciales y ha debilitado de forma drástica instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema, las cuales están completamente bajo el control del Ejecutivo elpais.com.
El dilema es profundo: ¿vale la pena sacrificar garantas constitucionales, libertades civiles y derechos humanos por una seguridad autoprestigiosa? El futuro plantea desafíos: la institucionalización de este modelo y su permanencia tras el régimen de excepción.